¿Estamos al borde de la dictadura congresional?

El 12 de abril de 2026 la ciudadanía peruana que acuda a las urnas se enfrentará a una sábana, literalmente, para votar en las elecciones nacionales donde participan 38 organizaciones. En el Instituto Andino de Opinión Pública realizamos un análisis del equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo.

Se renovará la Presidencia, para la cual hay 35 candidaturas, de éstas solo 7 aparecen en las encuestas; la candidata puntera, Keiko Fujimori en algunas encuestas apenas sobrepasa el 10%, en otras está cerca del 15%. También se votará por 130 miembros a la Cámara de Diputados, y por 60 miembros a la Cámara de Senadores, con lo cual Perú retornará al Bicameralismo que fue eliminado a partir del golpe de Estado de Alberto Fujimori en 1992.

El último presidente que logró terminar su período constitucional fue Ollanta Humala en 2016. Desde entonces han pasado 8 presidentes, de los cuales 5 han sido destituidos o declarados en vacancia según la constitución peruana: Pedro Pablo Kuczynski (2018), quien renunció ante una inminente vacancia; Martín Vizcarra (2020), destituido por “incapacidad moral”; Pedro Castillo (2022), defenestrado tras intentar disolver el Congreso; Dina Boluarte (2025), destituida también debido a su incapacidad de detener el aumento de la violencia y finalmente, José Jeri (2026) fue “censurado” y destituido por presuntos actos de corrupción.

Asumir la presidencia en Perú es una actividad de alto riesgo, 4 presidentes están encarcelados: Martín Vizcarra (2018-2020) fue condenado a 14 años en 2025, y se unió a Alejandro Toledo (2001-2006) condenado a 20 años, Ollanta Humala (2016-2021) condenado a 15 años; y Pedro Castillo (2021-2022) está en prisión preventiva, mientras que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) está bajo investigaciones por al menos 5 cargos de corrupción. A esta lista hay que sumar también a Alberto Fujimori (1990-2000) quien estuvo 16 años en la cárcel y fue liberado en 2023. Alan García, quien fue presidente en dos periodos (1985-1990, y 2006-2011) se suicidó antes de ser detenido por la policía en abril de 2019.

¿Padece Perú un autoritarismo legislativo? Algunos analistas han señalado que Perú padece una especie de “Parlamentarismo autoritario”, pues mientras la presidencia ha sido muy inestable, el Congreso solo fue disuelto en dos ocasiones: por el autogolpe de Estado de Fujimori en 1992, y en fechas recientes fue disuelto constitucionalmente en 2019 por Martín Vizcarra. El intento de Pedro Castillo de disolverlo en 2022 fue considerado un “golpe de Estado” y por eso está siendo procesado.

Un mecanismo que teóricamente puede ayudar a disminuir la fragmentación del sistema de partidos, son las elecciones primarias. En Perú están normadas desde 2019, pero los partidos se negaron a implementarlas en varias ocasiones, fue hasta finales de 2025 que se llevaron a cabo, pero sus efectos fueron mínimos, pues la fragmentación persistió.

En marzo de 2024 se aprobaron las reformas constitucionales que se están poniendo a prueba con estas elecciones de 2026:

a) El retorno a la bicameralidad antes señalada: la reinstauración del Senado de conformación mixta (30 en circunscripción nacional y 30 distritales). Aunque será un sistema asimétrico, ya que el Senado asumirá muchas funciones centrales (ratificación de cargos neurálgicos del Estado: Defensoría, Contraloría, Tribunal Constitucional, entre otros), y mientras la Cámara de Diputados mantenga su función de cámara de origen legislativa, la otra será solo revisora. Probablemente el problema estará en este diseño: ¿Qué sucederá si el Senado rechaza una ley aprobada por mayoría o incluso unanimidad por la Cámara de Diputados?

Además, el presidente solo podría disolver la Cámara de Diputados, pero no la de Senadores. Este desequilibrio puede hacer que solo se traslade el eje de rotación del poder a la nueva cámara. Nada se gana con debilitar a una cámara dando más poder a otra, cuando el problema es una presidencia formal debilitada.

b) Aumentar el número de legisladores por la vía legal, no por reforma constitucional. Si bien se ha establecido que aumenten para el 2031 por efecto del crecimiento del número de electores, al dejar la posibilidad de aumentar/disminuir el número de legisladores en la ley, abre la puerta a que se modifica por razones de conveniencia. Solo hay que recordar que en países como Italia y Alemania lo que se ha hecho es disminuir el número de legisladores, ante los problemas de ineficiencia que implican aumentar el tamaño del parlamento.

c) La reelección inmediata de legisladores. Esto puede fortalecer al congreso, y disminuir el poder de los líderes que controlan las organizaciones políticas, pero… también podría ser lo primero que se busque eliminar, pues afecta el control de los liderazgos de partido.

Hay otras cuestiones que han sido analizadas a detalle por expertos, pero consideran que estos elementos son los principales y que no van a resolver los problemas porque la crisis de la política peruana es más profunda.

En las elecciones de 2026, lo más seguro es que se llevará a cabo una segunda vuelta electoral. El problema es que la segunda vuelta es un mecanismo que tiene efectos graves: crea gobiernos divididos e ingobernabilidad cuando no hay confirmación del ganador en primera vuelta. Eso sucedió en 2006, en 2016 y en 2021. La reforma que se debió implementar era una modificación a la segunda vuelta.

Son ya diez años de inestabilidad, y en un momento en el cual los autodenominados gobiernos y partidos “progresistas” están en crisis (por sus graves errores), y los gobiernos de mano dura están en ascenso, y tomando en cuenta que el principal problema que la ciudadanía peruana señala es la inseguridad y la creciente criminalidad , es probable que la sorpresa sea que esta vez gane un perfil más técnico que político en segunda vuelta en junio de 2026, debido a que representa la aspiración de aquello que no existe en Perú: una figura central de autoridad, con amplia capacidad para resolver. Por eso es una posibilidad no tan lejana como en otras elecciones.